La laicidad es un movimiento a favor de la libertad de la persona. Nacida con la Ilustración y con el impulso de democratización y reforma de la sociedad originado por la Revolución Francesa, la laicidad promueve, en el plano político y social, la libertad personal de todos y cada uno de los ciudadanos.
Hoy, si uno se identifica como partidario de la laicidad es posible que se le tilde negativamente de anticlerical o, peor, de antirreligioso. La respuesta sería precisar que laicidad no es sinónimo de negación de la religión, desde el punto de vista de la libertad de cada individuo para creer en cualquier religión o ideología. La laicidad defiende apasionadamente la libertad de pensamiento y de conciencia.
Las acusaciones y denuncias de personalidades eclesiásticas durante los últimos dos siglos, identificando laicidad con supresión de la libertad religiosa, no se sostienen si se considera que el movimiento laico ha defendido siempre el reconocimiento de la libertad de culto y de la libertad de elección en leyes que regulen situaciones de conciencia.
En todos aquellos momentos históricos en los que las instituciones eclesiásticas han intentado imponer socialmente su concepción del mundo han existido voces de protesta que han defendido el libre albedrío de la persona. La creencia en el dogma o la autoridad, o el hecho de postular la existencia de una verdad absoluta por revelada, son irreconciliables con los valores que se identifican con la idea de libertad individual.
3. La laicidad es un método
La laicidad, en la medida que quiere indicar vías para pensar y opinar de un modo más libre, es una actitud. En el mundo contemporáneo, la laicidad continua ayudando a vertebrar una cultura antiautoritaria y de solidaridad. Replantea constantemente alternativas para contribuir a la libertad y a la capacidad de decisión y elección de los individuos en cualquier sociedad. A diferencia de otras orientaciones del pensamiento social y político, la laicidad, mediante el libre examen, se cuestiona también sus propios puntos de vista y sus conclusiones.
La laicidad se mantiene gracias al debate plural, con progresos y con retrocesos, con avances y equivocaciones. Lo que distingue la laicidad como movimiento a favor de la libertad es creer que el progreso y la emancipación de la persona no se derivarán automáticamente de ningún credo, sino de la creación de un espacio público, común a todo el mundo, en el cual desaparezcan los vínculos coactivos, la alienación y la ignorancia, un espacio público desde donde “florezcan mil flores” y “compitan entre sí mil escuelas”.
El libre examen es un sistema de indagación sobre el mundo con el fin de solucionar problemas y hacer avanzar el conocimiento humano. El método laico se basa en una profunda desconfianza hacia todo aquel que pretenda imponerse a los individuos y a las sociedades en nombre de una ideología política unitaria o de una determinada creencia religiosa o filosófica.
El libre examen quiere cuestionar y desenmascarar cualquier saber establecido y cualquier doctrina o idea que quiera restringir o prohibir la libertad de elegir, de vivir, de hacer o de pensar. La actitud del libre examen implica la asunción de la duda y la posibilidad del error. El libre examen intenta analizar la realidad sin preconcepciones y utilizar el sentido crítico y la razón contra todas las visiones dogmáticas de la realidad humana y social. Reivindica el derecho para todo individuo de cuestionarlo todo, en cualquier momento, incluso uno mismo y su entorno. El libre examen es, en este contexto, un método para la libre investigación de verdades relativas, mediante la aproximación crítica a la realidad, el diálogo y la discusión. Es un método para la afirmación de la libertad de pensamiento, de conciencia y de opinión que hacen posible la comprensión entre las diferentes investigaciones individuales.
5. Conceptos básicos de la laicidad
Los conceptos clave a través de que se articula el pensamiento laico son el libre examen, la tolerancia, los derechos humanos, la ciudadanía, la crítica del poder y el desarrollo social y cultural. Estos conceptos están sometidos a diferencias de criterio y opinión, no tienen la pretensión de encontrar ningún sentido último a la existencia humana y, por su naturaleza, no pertenecen al universo de lo que es científicamente demostrable. Así mismo, forman parte del intento de encontrar un marco de convivencia y referencia aceptable para la mayoría de seres humanos, que esté basado en la argumentación racional y en la aceptación de la necesidad que tiene la persona de autogobierno de su propia vida. Es innegable que el debate y el diálogo en torno a estos conceptos han contribuido positivamente a fundamentar la convivencia contra la imposición o la tiranía.
El movimiento laico no se dirige contra las convicciones individuales, sino contra aquellas instituciones y movimientos que, allá donde ejercen su poder, son una amenaza para el debate, la crítica libre y la propia condición humana. Detrás de cada situación individual de falta de libertad hay una institución o un grupo que ha querido justificar por razones ideológicas, teológicas o paracientíficas esta carencia. Son las instituciones y grupos que quisieran que la sociedad se articulara a su alrededor. Bajo el barniz de cualquier razón superior a la voluntad humana individual, se esconden intereses políticos, sociales y económicos que sólo se pueden mantener mediante la coerción o la manipulación. Esta actitud intolerante es lo que uno llama dogmatismo o clericalismo, que es la apropiación exclusiva y organizada de una parte del saber o del poder de la colectividad para el provecho de una minoría.
Pero no sólo existe clericalismo en el renacimiento del fundamentalismo religioso de los últimos años, en el ascenso del Opus Dei, de las sectas protestantes ultraconservadoras norteamericanas o del islamismo radical. Hay clericalismo también en quien defiende la “razón de estado” como única motivación política legítima, que sólo entienden los que ejercen el poder.
Existe dogmatismo en quien promueve actitudes intolerantes contra los derechos y las libertades de quienes son diferentes o no piensen como él. Son dogmáticas las ideologías que impulsan recetas autoritarias para solucionar los conflictos. Y, aquellas personas o instituciones que se erigen como salvadores de pueblos o de naciones. Finalmente, son dogmáticos los poderes que hacen peligrar la salvaguarda de la dignidad humana para todo del mundo.
El dogmatismo también se puede encontrar en:
– la tecnocracia que es el poder de la técnica en manos de unos pocos privilegiados y que evidencia la falta de control democrático sobre las decisiones que nos afectan. Los ciudadanos dejan en manos de “expertos” estas decisiones, cuando se sabe que no siempre actuará en función del interés público.
– La concentración de las fuentes de energía (centrales nucleares) y de las tecnologías punta, cada vez más presentes en la vida cotidiana, son un peligro y una amenaza permanente para la libre decisión de la persona.
– Los medios de comunicación, cuya propiedad se sitúa cada vez más en menos manos. El difícil acceso del ciudadano a las fuentes de información –mientras es invadido por un alud indescifrable de información– nos hace más vulnerables y menos libres.
Una de las caracterizaciones iniciales de la laicidad es su relativismo: no existe ninguna verdad absoluta, revelada o definitiva. Este relativismo de la laicidad no se ha de confundir con la ausencia de cualquier concepción ética o moral de la persona. El relativismo propio de la laicidad se limita a considerar que las verdades son provisionales, en la medida que su validación o contrastación depende de las condiciones o circunstancies en que son formuladas. El relativismo se basa en el sentido común y la argumentación racional.
El progreso del conocimiento humano depende de la crítica y la discusión de estas verdades provisionales, de las que, a la vez, surgirán otras superadoras de las verdades anteriores. Se puede decir, así, que el relativismo de la laicidad es una actitud antidogmática, por no aceptar que ningún conocimiento o verdad representa una realidad absoluta. Es, también, una actitud optimista y racionalista, ya que se progresa gracias a la expresión y al desarrollo del pensamiento independiente, libre de la imposición de doctrinas, de la manipulación y la autoridad externa.
La afirmación del libre examen y el libre pensamiento en el ámbito personal se traduce en tolerancia, es decir, en reconocimiento de la diversidad y pluralidad de opiniones e ideas entre las personas. La tolerancia tiene una premisa restrictiva: intolerancia contra la intolerancia. Es necesario impedir que se establezca una contradicción entre tolerancia y libertad. Rechazamos todo enfrentamiento que se fundamente en pretendidas verdades de validez universal, porque haría inviable la función específica de la pluralidad.
Existe pues la posibilidad de que las propias convicciones puedan ser erróneas; por lo tanto se puede llegar a un acuerdo entre verdades relativas contrapuestas que permitan contrastarlas.
9. Tolerancia versus neutralidad
Es necesario subrayar que la contradicción entre tolerancia y libertad se ha de desarrollar siempre a favor de la libertad. No se puede confundir tolerancia con neutralidad benevolente, es decir, aceptarlo todo. No todas las formas de pensar ni las ideologías son iguales. Una forma de pensar o ideología que tenga entre sus premisas la supresión de la opinión o de la acción de quienes no la comparten, queda excluida de la tolerancia. Si no lo tuviésemos en cuenta, una ideología podría acabar con la supresión de la tolerancia y de la libertad de todo el mundo.
La tolerancia y el relativismo, en el marco social, permiten la resolución racional y no violenta de los conflictos propios de un sistema democrático. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad individual está subordinado al criterio de las reglas democráticas. Este tipo de tolerancia laica está al servicio del progreso político y social mediante la rebelión permanente contra todas las formas de opresión y explotación de la persona.
La pluralidad y la diversidad son una garantía para conseguir un cierto grado de cohesión social y comunitaria. La aproximación laica a la pluralidad se basa en que:
– los individuos y los grupos de cualquier sociedad tienen intereses y opiniones que muchas veces están en conflicto;
– la existencia de un orden social –que no degenere en tiranía, individual o de grupo– depende de la capacidad de cooperación y del establecimiento de acuerdos;
– estos acuerdos han de ser contrastables. Es decir, se han de basar en criterios racionales objetivables de acuerdo, por ejemplo, con el principio del bien común o el de la máxima felicidad posible para el mayor número posible.
11. El derecho a la diferencia
La diferencia, es decir, las distintas maneras de concebir los valores sociales, las relaciones personales o comunitarias, o las alternativas deseables, es una de las partes esenciales de la laicidad como método. La diferencia es enriquecedora en la medida en que nos permite acumular, comparar y seleccionar información en cualquier proceso social de toma de decisiones. Es, también, un derecho inalienable ya que distingue a un individuo o a un grupo de otro y es característico de la sociedad. Ante aquellas concepciones que tienen la pretensión de uniformizar las conductas individuales y sociales, la laicidad se reafirma en la convicción de que la diversidad humana forma parte de la necesaria multiplicidad de opiniones y criterios que contribuyen al saber colectivo.
12. Los nuevos retos de la libertad y el cambio social
Este enfoque de la tolerancia, la pluralidad y la diferencia tiene importantes consecuencias prácticas. El movimiento laico es contrario a todas las formas de totalitarismo, al racismo y a la xenofobia, se posiciona contra el sexismo, contra el militarismo y el fundamentalismo nacional o religioso. Esta actitud no es fruto de una determinada interpretación unilateral de la realidad o del mundo, sino que deriva del propio método de la laicidad.
Todas las variantes de autoridad, imposición y opresión que limiten el espacio de libertad individual e impidan la autorrealización personal son, en sí mismas, restricciones inaceptables a la capacidad humana de libre examen y libre pensamiento.
Finalmente, la laicidad entendida como método entronca con la corriente que en la historia del pensamiento se ha convenido en denominar genéricamente como racionalismo. Desde la Ilustración hasta la actualidad, el racionalismo se ha caracterizado por su rechazo a criterios de orden metafísico para interpretar la condición humana y la realidad social. Ha reivindicado la razón y el debate como única vía de conocimiento y de acción. Y, en muchos aspectos, se puede afirmar que el movimiento laico no ha sido históricamente otra cosa que la concreción, en el terreno de la acción política y social, del conjunto de filosofías y teorías racionalistas.
La laicidad adquiere su plena fisonomía política y social mediante el desarrollo de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. Para al movimiento laico, la función primordial de la política y la acción cívica es la salvaguarda de la dignidad humana y de la autodeterminación del individuo contra cualquier limitación o presión injusta de las instituciones políticas, sociales o económicas. La persona no está al servicio del estado, del derecho o de la economía, sino que son estas instituciones las que han de estar al servicio de la persona.
Las instituciones son medios, no finalidades, y han de tener el único objetivo de facilitar la realización personal en toda la plenitud de sus capacidades naturales. El reconocimiento y la aplicación sin excepciones de los derechos humanos es, para al movimiento laico, el requisito mínimo para esta “salvaguarda de la dignidad humana”.
15. Fundamento de los derechos humanos
Un de los puntos más complejos, en este sentido, es el propio fundamento del concepto de derechos humanos y su traducción en los derechos concretos de las personas. En general, el movimiento laico tendió, durante el siglo XIX, a considerar los derechos humanos como derechos naturales y, por lo tanto, anteriores a la existencia de cualquier forma de organización política. Esta consideración comportaba que el Estado podía y tenia que instrumentar su reconocimiento. Consideraba también que derivaban de un contrato expresado en la Constitución. De se modo se acotaban y se definían los derechos humanos como el contenido de la libertad individual en una sociedad democrática.
Actualmente, la discusión sobre los derechos humanos en el ámbito del pensamiento racionalista y laico ha experimentado un notable avance. Se tiende a derivar los derechos humanos de la idea de respeto a la acción humana y al autogobierno individual. Según este criterio los derechos no pueden ser considerados como principios fundamentales de nuestro sistema moral, sino como las condiciones previas necesarias para el juicio y la acción moral. Cualquier individuo consideraría difícil ejercer de una manera responsable sus capacidades de deliberación, elección y acción moral si, por ejemplo, su vida se ve amenazada, sus opciones están limitadas o si está preocupado por necesidades materiales. Los derechos humanos son, pues, una condición previa para la libertad individual de elección y acción de acuerdo con las propias convicciones, capacidad y talento. Se puede decir que los derechos humanos se concretan en:
– el derecho general a la vida, es decir, a no ser privado de ella;
– el derecho a la decisión personal, es decir, a no ser forzado a ejecutar la voluntad de otros individuos;
– el derecho a un buen trato, es decir, a no sufrir gratuitamente;
– el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, es decir, a la satisfacción de condiciones tales como la alimentación, la vivienda, la educación o la salud, sin las que los otros derechos se ven amenazados;
– y, el derecho a ser tratado con respeto por el gobierno.
Es obvio, así, que esta definición cubre y fundamenta todos los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de las modernas declaraciones de derechos, desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) proclamada por la Revolución Francesa, hasta la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) proclamados por las Naciones Unidas.
Desde el horizonte humanista, el pensamiento laico ha tendido a preocuparse con las condiciones sociales que hacen posible la realización de los derechos humanos. Estos derechos son para todos y cada uno de los individuos de una comunidad, independientemente del grupo social en el que estén insertos. Se consigue la igualdad ante la ley y se reconoce un catálogo de garantías fundamentales. Son las llamadas “libertades civiles” –de movimiento, de reunión, de expresión, de asociación–, que eran reivindicaciones centrales de la izquierda democrática durante el siglo XIX.
El movimiento laico ha propugnado que es necesario pasar de la libertad entendida como ausencia de coerción –libertad de hacer– a la libertad entendida como autoemancipación –libertad de poder hacer. Mientras la primera implica sólo el reconocimiento institucional de la libertad individual para realizar una acción, la segunda implica que una vez se decide realizar tal acción, no han de existir impedimentos ni condicionamientos sociales externos para llevarla a cabo. Cuando la persona es libre, ha de poder ejercer la libertad.
18. Igualdad de oportunidades
Aunque en una sociedad se reconozca la libertad de hacer tal cosa o tal otra, el ejercicio de la mencionada libertad sólo es posible en un contexto de igualdad de oportunidades. El concepto de igualdad de oportunidades designa las posibilidades de elección y las alternativas de acción realmente existentes en la estructura social. Las dificultades de elección, ya sean materiales o de presión social, no han de poder coartar la libertad. En una significación más amplia, la “libertad de poder hacer” expresa también que la libertad no se ha de entender sólo en el sentido que no haya prohibiciones legales sino como autorrealización personal.
19. Derechos individuales
La plena vigencia de los derechos humanos sólo es posible si existen las provisiones y condiciones para materializar esta capacidad. Dicho de otra manera, los derechos civiles forman parte de una concepción formal de la libertad. Es decir, las instituciones reconocen estos derechos, pero su práctica depende de la voluntad individual. Se denomina esta concepción como formal porque las instituciones tienen un comportamiento no activo. El ejercicio de los derechos mencionados no debe ser ilícito ni violar los derechos de otros y son, pues, concreciones de la “libertad de hacer”.
Los derechos económicos, sociales y culturales implican, en cambio, una acción positiva de las instituciones para llevarlos a cabo, ya que no es posible únicamente con la sola voluntad individual. Además forman parte de una concepción positiva de la libertad en el sentido en que no sólo se refieren a la posibilidad de elección sino al valor que cada individuo puede dar a esta posibilidad.
Se dice que esta concepción es positiva porque las instituciones tienen un comportamiento activo y son, pues, requisitos para la “libertad de poder hacer”. En una sociedad como la nuestra, por ejemplo, un trabajador pobre y sin propiedad puede ser libre de elegir si trabaja o no, porque no está obligado por ley a hacerlo. Pero es evidente que esta libertad no tiene casi valor, porque la elección práctica que se le plantea está entre trabajar o tener serias dificultades para sobrevivir.
De acuerdo con esta distinción, el movimiento laico, además de considerar la dimensión civil de los derechos humanos, le añade su dimensión social, económica y cultural. Una y otra –dimensión civil y social– se encuentran interrelacionadas de tal manera que son lógicamente inseparables.
21. Condición de ciudadanía
La ciudadanía se refiere a los derechos civiles y, sobre todo, a los derechos políticos, como los electorales o de participación, que afectan al propio proceso de toma de decisiones de las instituciones.
A diferencia de los derechos civiles, los derechos políticos implican tanto una “libertad de hacer” como una “libertad de poder hacer”. Es necesario, pues, un comportamiento activo de los ciudadanos. No han de existir condiciones ni impedimentos que limiten materialmente o socialmente la posibilidad de elección o participación.
Los derechos políticos son aquellos que hacen posible que se cumplan todos los derechos, en la medida en que aseguren la acción del poder institucional en favor de la libertad individual. Los derechos políticos aseguran también la libre determinación individual en los procesos de toma de decisiones.
22. El ciudadano como protagonista: reivindicar la política
Pero sería una equivocación pensar que los derechos civiles y políticos, considerados en abstracto, garanticen por síi mismos la ciudadanía. En las últimas décadas han variado poco las desigualdades en la distribución de la renta, en las oportunidades de educación o en la incidencia de la movilidad social. Por lo tanto, no todos los individuos tienen posibilidades similares de influencia en el proceso de decisión.
El ciudadano ha de ser un sujeto activo del proceso social que determina y condiciona su vida cotidiana. Es esta la definición de Política que adopta el movimiento laico y progresista. Es decir, la preocupación del ciudadano por el futuro de la comunidad.
El movimiento laico y progresista es una opción política pero no es, en ningún caso, una opción política partidista o de partido. Laicidad no quiere decir apoliticismo. La laicidad está políticamente comprometida con la defensa y promoción de la libertad de la persona y sus derechos.
23. La laicidad como utopía
El movimiento laico defiende una utopía que significa luchar para conseguir las más altas cotas de libertad y felicidad para todas y cada una de las personas.
La laicidad no se adhiere a ninguna tendencia política organizada para llegar a la utopía. Se limita a enunciar una utopía racional. Más que una filosofía política, lo que defiende es una estructura de valores que han de permitir, precisamente, la libertad individual. Una persona ha de poder decidir cuál es el tipo de vida que quiere. Ha de decidir sus relaciones personales, las creencias, los afectos o las voluntades. Y, si lo considera conveniente, cambiarlas. El compromiso político de los laicos quiere decir: la abolición de la pena de muerte y la tortura, la eliminación del hambre en todo del mundo, la caída de dictaduras y regímenes autoritarios. Laicidad significa también la multiplicación de oportunidades de acceso a la educación, la salud y el trabajo sin distinciones de sexo, raza o clase, o la protección de los inermes y desvalidos.
Todas éstas y muchas otras son causas laicas. El humanismo laico quiere suprimir todo lo que, en definitiva, sean barreras a la realización de la persona como tal.
24. Lucha por el cambio social
El humanismo se plantea en términos de un proceso dinámico, y no en términos de un mecanismo estático. No tiene nada que ver con los absolutos, entendiendo por absolutos la verdad absoluta, la moral absoluta, la perfección absoluta o la autoridad absoluta.
El humanismo afirma que es posible incrementar el conocimiento y la comprensión, mejorar la conducta y la organización social, y poder encontrar orientaciones más deseables que las actuales respecto al desarrollo individual y social. Así mismo, lucha por el desarrollo del ser humano, rechaza el poder, o la mera acumulación de personas, la eficacia, la explotación material. El movimiento laico está comprometido en un impulso de cambio de la sociedad y de dicho compromiso se deriva una toma de posición crítica y transformadora sobre la sociedad establecida. La preocupación por las condiciones que hacen posible la libertad ha generado que el humanismo laico tienda a ser demócrata y radical en su crítica al poder y partidario de la justicia redistributiva en su apoyo al desarrollo social y cultural de los ciudadanos. Por lo tanto, el humanismo laico ha sido uno de los componentes culturales históricos que han conformado la izquierda democrática; un buen número de liberales, socialistas o libertarios han compartido o comparten alguno o todos los valores de la laicidad.
La crítica laica al poder y a las instituciones arranca de la idea que es deseable avanzar hacia la más amplia e igualitaria participación y cogestión posible de los individuos en los procesos de organización social e institucional. Sin el control individual de los procesos de organización social e institucional, difícilmente existe capacidad de decisión individual autónoma.
El “poder” se define como la capacidad de una institución o de un grupo organizado para modificar socialmente la conducta de los individuos sin que exista consentimiento libre. El “poder” no es sólo cómo actúa, sino que es también “poder” potencial. En muchas ocasiones, el poder se ejerce disimuladamente y de una manera tal que no puede observarse directamente. El “poder” es, pues, un concepto por sí mismo en conflicto con el concepto de libertad, tanto si se pone el acento en la dimensión civil como en la dimensión social de ésta.
26. Ampliar el control democrático
Es fácil ver que, en las sociedades modernas, las instituciones y los grupos de presión determinan los comportamientos ajenos a través de un uso complejo de recursos que van desde la persuasión a la manipulación, desde la amenaza del castigo, hasta la promesa de una recompensa. En este sentido, disponer de potentes instrumentos de coerción para determinar la voluntad ajena no implica necesariamente el recurso a la violencia. Muchas veces es suficiente que los instrumentos de coerción sirvan para mantener el grado deseado de control e influencia.
La arbitrariedad del “poder” se da por el enorme desequilibrio existente entre los instrumentos de coerción de las instituciones y los recursos de los individuos para mantener la propia esfera de libertad, por más que ésta está reconocida por una declaración constitucional de derechos. Por lo tanto, es necesario ampliar y crear nuevos mecanismos de control del poder, mediante el aumento de la conciencia social y la autoorganización popular, que permitan disminuir los mecanismos crecientes de coerción.
27. La democracia participativa
De este análisis sobre el poder se puede extraer la necesidad de la democratización del poder. Allí donde exista acumulación arbitraria de poder éste se tiene que devolver a los individuos o disminuir su concentración mediante la ampliación de la práctica democrática. La preocupación del humanismo laico para pasar de una democracia formal a una democracia participativa responde a esta necesidad de democratización del poder. Y se manifiesta en la simpatía por todas aquellas técnicas que permitan ampliar y profundizar el control del ciudadano sobre cualquier decisión que afecte su vida cotidiana. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad, la reforma del sistema electoral y parlamentario –proporcionalidad pura, listas abiertas, posibilidad de revocación de los electos, etc., la introducción del referéndum vinculante por iniciativa popular y su extensión a las instituciones locales, la reducción y, eventualmente, la desaparición de los aparatos represivos del Estado, o la aplicación del principio de cogestión en todos los ámbitos donde sea posible, tanto de la sociedad civil como de las estructuras políticas.
La única alternativa a los déficits de la democracia es más democracia.
28. Derechos de las minorías
Para el humanismo laico la democracia no es solamente una forma de poder basada en el gobierno legítimo de la mayoría, sino también y sobre todo un sistema de protección de los derechos de las minorías.
La alternancia pacífica en el gobierno hace necesario que las minorías tengan la posibilidad futura de convertirse en mayoría. Por lo tanto, es necesario que puedan influir sin obstáculos en la opinión pública. El humanismo laico postula que los derechos de todas las minorías políticas y sociales son inalienables si se quiere evitar la conversión de la democracia en un sistema de poder cerrado.
29. Discriminación positiva de las minorías
Los derechos de las minorías se tienen que entender en la doble dimensión de inmunidad jurídica respecto al poder del Estado, en el caso de las minorías políticas, y de igualdad en el reconocimiento y ejercicio de las libertades y los derechos civiles, en el caso de las minorías sociales o de conciencia.
El derecho a discrepar, a la diferencia, al disenso, y a ejercer esta disensión por la vía que uno considere más adecuada –mientras no viole alguna de las reglas necesarias para mantener la libertad de terceros– se convierte, así, en una de las piedras de toque que mide el nivel de libertad real y democracia efectiva de una sociedad. Ya no se trata sólo de garantizar la alternancia sucesiva de mayorías diferentes en el poder, sino que sean protegidos los intereses y los derechos de todos aquellos grupos minoritarios de ciudadanos.
La elaboración de una legislación antidiscriminatoria respecto a la homosexualidad, la equiparación legal entre matrimonio y parejas de hecho, la supresión de la obligatoriedad del servicio militar, la protección de la intimidad y la privacidad frente a la injerencia del Estado o las grandes corporaciones privadas, la flexibilización de los derechos de ciudadanía para los inmigrantes extranjeros, o la ayuda legal y social a las minorías étnicas o culturales, por ejemplo, formarían parte de una agenda laica para disminuir el divorcio entre “derechos de la mayoría” y “derechos de la minoría” en nuestra sociedad.
En un sistema democrático la obligación de obedecer las leyes es, en última instancia, la garantía de no violar los derechos y las libertades de terceros. El humanismo laico considera que la desobediencia civil es una excepción, racionalmente fundada, del principio general de obligación existente en las democracias formales, precisamente porque no contradice ninguna de las reglas necesarias para mantener la libertad de terceros. En este sentido, la desobediencia civil es una forma particular de desobediencia que se ejerce con el objetivo inmediato de demostrar públicamente la injusticia de una ley y con el objetivo final de inducir al legislador a cambiarla. Mientras que la desobediencia común es un acto que desintegra el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, ha de ser impedida, la desobediencia civil es un acto que apunta a cambiar el ordenamiento y, en consecuencia, no es un acto destructivo, sino innovador.
Se llama “civil” justamente porque quien lo efectúa considera que no comete un acto de transgresión de su deber de ciudadano, sino a la inversa: para comportarse como un buen ciudadano, considera que, en esta circunstancia particular, actúa mejor desobedeciendo que obedeciendo. En términos comparativos, la defensa que el humanismo laico hace de la desobediencia civil no violenta, en los sistemas de democracia formal, es una variante más restringida de la defensa histórica del derecho a la resistencia y a la rebelión contra cualquier sistema no democrático. En términos prácticos, la desobediencia civil no violenta constituye tanto un elemento necesario para dotar de un instrumento de autoprotección a las minorías como una manera de evitar las normas gubernamentales que limitan la libertad individual y los derechos humanos.
Fuente:www.europalaica.com/colaboraciones/anteriores/barcelona5.htm
Por Mariana Carbajal
